Copenhague: Salvados Por un Pelo
El “acuerdo significativo”, en palabras del presidente Barack Obama, fue propuesto tras varias reuniones bi y trilaterales. En ellas, el presidente fue afinando sus cartas en la que ya es su primera gran acción política multilateral. El texto no fue aprobado de forma unánime por los 193 países –y por eso no ha sido adoptado como el acuerdo oficial de las Naciones Unidas– pero ha sido igualmente abrazado con cierto optimismo. La tenue luz al final del túnel que le dicen.
Vinculante fue la palabra clave en Copenhague. La decisión salomónica a la que se llegó a última hora fue, para muchos, el primer paso hacia un viraje en el manejo energético. Para otros, palabras insuficientes. El cierre de la XV Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático dejó esa polarización, con sus respectivas zonas grises. Pero la ambigüedad en el análisis corresponde a la ambigüedad del mismo juego político: el texto concierta las voluntades de un grupo de políticos. Pero no garantiza nada en sí mismo. “Deberemos transformar esto en un tratado legalmente vinculante el año que viene. La importancia del texto solo será reconocida cuando se convierta en una ley internacional”, matizó Ban Ki-Moon, secretario general de la ONU, ante lo que había calificado como un “comienzo esencial”. Mientras el acuerdo no se transforme en ley e implique represalias económicas, serán solo promesas políticas.
Un mundo en crudo. Distopía gráfica en campaña de Green Peace. Realidad no tan lejana considerando el mercado energético.
El acuerdo final ha sido suscrito por cinco países: Estados Unidos, China, Brasil, India y Sudáfrica. Varios del grupo económico BRIC (Brasil, Rusia, India, China) que son precisamente los que más rápidamente están creciendo. En un segundo grupo se encuentran los países que firmaron a regañadientes, quizá porque no era realista aspirar a un consenso más ambicioso. Fueron presionados por el inminente final de la cumbre el último viernes 18 de diciembre. Matt McGrath, analista de la BBC, es de los que creen que las zonas grises del acuerdo político harán que éste camine, evitando pateaduras de tablero y permitiendo que el texto sea operativo, es decir, “que las dotaciones económicas previstas puedan llegar a los países en desarrollo a partir del 1 de enero de 2010”. Entre los detractores, finalmente, destacan naciones petroleras como Venezuela, Sudán y Bolivia, así como Nicaragua y Cuba. Se supo que muchos estados insulares se sintieron excluidos no solo de las conclusiones, sino de la misma elaboración del tratado. Los delegados venezolanos llegaron a argumentar que no venderían su voto por US$ 30 mil millones (tal es la cifra destinada a los países en vías de desarrollo).
El escrito implica limitar el aumento de la temperatura global a menos de 2º C (no se explica cómo puesto que ningún país prometió reducir sus emisiones), así como la mencionada inversión de US$ 30 mil millones a lo largo de los próximos tres años (del 2010 al 2012). De la cifra, la Unión Europea ha comprometido US$ 10,600 millones; Japón, US$ 11 mil millones; Estados Unidos, US$ 3,400 millones. Antes de la llegada de Obama, Hillary Clinton había colocado la valla de promesas en US$ 100 mil millones anuales a partir del 2020. Sumado a esto, se le deja la puerta abierta al financiamiento público y privado. Dentro de los aspectos metodológicos, se incluye un sistema para verificar la reducción de emisiones por parte de los países en desarrollo.
Para enero del 2010, todos los países deberán presentar un estimado de en cuánto podría cada uno reducir sus emisiones. Así, mientras en la UE han ratificado que piensan llegar a 40% de reducción al 2020, en EE.UU. se rumoreaba un escaso 4%. Al menos una certeza con miras a la conferencia del 2010 en México.
Vinculante fue la palabra clave en Copenhague. La decisión salomónica a la que se llegó a última hora fue, para muchos, el primer paso hacia un viraje en el manejo energético. Para otros, palabras insuficientes. El cierre de la XV Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático dejó esa polarización, con sus respectivas zonas grises. Pero la ambigüedad en el análisis corresponde a la ambigüedad del mismo juego político: el texto concierta las voluntades de un grupo de políticos. Pero no garantiza nada en sí mismo. “Deberemos transformar esto en un tratado legalmente vinculante el año que viene. La importancia del texto solo será reconocida cuando se convierta en una ley internacional”, matizó Ban Ki-Moon, secretario general de la ONU, ante lo que había calificado como un “comienzo esencial”. Mientras el acuerdo no se transforme en ley e implique represalias económicas, serán solo promesas políticas.
Un mundo en crudo. Distopía gráfica en campaña de Green Peace. Realidad no tan lejana considerando el mercado energético.
El acuerdo final ha sido suscrito por cinco países: Estados Unidos, China, Brasil, India y Sudáfrica. Varios del grupo económico BRIC (Brasil, Rusia, India, China) que son precisamente los que más rápidamente están creciendo. En un segundo grupo se encuentran los países que firmaron a regañadientes, quizá porque no era realista aspirar a un consenso más ambicioso. Fueron presionados por el inminente final de la cumbre el último viernes 18 de diciembre. Matt McGrath, analista de la BBC, es de los que creen que las zonas grises del acuerdo político harán que éste camine, evitando pateaduras de tablero y permitiendo que el texto sea operativo, es decir, “que las dotaciones económicas previstas puedan llegar a los países en desarrollo a partir del 1 de enero de 2010”. Entre los detractores, finalmente, destacan naciones petroleras como Venezuela, Sudán y Bolivia, así como Nicaragua y Cuba. Se supo que muchos estados insulares se sintieron excluidos no solo de las conclusiones, sino de la misma elaboración del tratado. Los delegados venezolanos llegaron a argumentar que no venderían su voto por US$ 30 mil millones (tal es la cifra destinada a los países en vías de desarrollo).
El escrito implica limitar el aumento de la temperatura global a menos de 2º C (no se explica cómo puesto que ningún país prometió reducir sus emisiones), así como la mencionada inversión de US$ 30 mil millones a lo largo de los próximos tres años (del 2010 al 2012). De la cifra, la Unión Europea ha comprometido US$ 10,600 millones; Japón, US$ 11 mil millones; Estados Unidos, US$ 3,400 millones. Antes de la llegada de Obama, Hillary Clinton había colocado la valla de promesas en US$ 100 mil millones anuales a partir del 2020. Sumado a esto, se le deja la puerta abierta al financiamiento público y privado. Dentro de los aspectos metodológicos, se incluye un sistema para verificar la reducción de emisiones por parte de los países en desarrollo.
Para enero del 2010, todos los países deberán presentar un estimado de en cuánto podría cada uno reducir sus emisiones. Así, mientras en la UE han ratificado que piensan llegar a 40% de reducción al 2020, en EE.UU. se rumoreaba un escaso 4%. Al menos una certeza con miras a la conferencia del 2010 en México.
Comentarios